California, además de los incendios arden las demandas de las tribus a las salas de póker.
En su primera oportunidad desde que entró en vigor una nueva ley el 1 de enero, siete tribus nativas americanas propietarias de casinos presentaron una demanda el jueves en el condado de Sacramento contra docenas de salas de juego de California, abriendo un nuevo frente en una de las batallas políticas más costosas del año pasado.
Ahora, millones de dólares de ingresos fiscales que pagan servicios municipales como la policía y reparaciones de carreteras podrían estar en peligro. La demanda de las tribus alega que las salas de juego repartidas por toda California están ofreciendo ilegalmente juegos de cartas como blackjack y póquer pai gow que reducen los ingresos de las tribus por juego.
“Los acusados se benefician descaradamente del juego ilegal”, dijeron las tribus en la primera línea de su demanda. En una declaración, un representante de la industria de las salas de juego dijo que las salas de juego “cumplen plenamente la ley”.
“Este intento de los casinos tribales de acabar con la competencia legal de las empresas californianas que pagan impuestos fracasará”, decía la declaración.
La demanda no habría sido posible si el gobernador Gavin Newsom no hubiera firmado el proyecto de ley 549 del Senado en septiembre. Las tribus dicen que hace años los votantes de California les dieron los derechos exclusivos para albergar los juegos de mesa en disputa, que utilizan para beneficiar a comunidades tribales históricamente marginadas. Pero como las tribus son gobiernos soberanos, carecían de capacidad legal para demandar a las aproximadamente 80 salas de juego privadas del estado.
El proyecto de ley dio a las tribus un plazo de tres meses para demandar a las salas de juego a partir del 1 de enero. Presentaron la demanda el primer día en que los tribunales de California abrieron sus puertas en el nuevo año. Según el proyecto de ley, las tribus no pueden recibir dinero ni honorarios de abogados de la demanda. En cambio, los jueces solo decidirán si las salas de juego pueden continuar ofreciendo los juegos en disputa.
Hay mucho en juego, ya que algunas ciudades reciben casi la mitad de sus presupuestos de los impuestos sobre las salas de juego, lo que significa que una victoria tribal en los tribunales podría poner en peligro el dinero para la policía, los bomberos y otros servicios locales. Por ejemplo, casi dos tercios del presupuesto de la pequeña ciudad de Hawaiian Gardens y casi la mitad de la ciudad de Commerce, ambas en el condado de Los Ángeles, provienen de las salas de juego locales.
El concejal de la ciudad de San José, Sergio Jiménez, dijo a los legisladores en julio que la ciudad recibe 30 millones de dólares cada año de las salas de juego, lo suficiente para financiar a 150 agentes de policía o 133 bomberos. Jiménez dijo que ese dinero está en peligro si las tribus terminan prevaleciendo en los tribunales.
La industria de las salas de juego afirma que los juegos son legales y que la oficina del fiscal general ha aprobado cada uno de ellos a lo largo de los años. La demanda se produce después de que las tribus persuadieran a los legisladores el año pasado para que aprobaran la SB 549 en lo que fue una de las luchas políticas más costosas de la sesión legislativa de dos años que concluyó el verano pasado. Una coalición bipartidista de legisladores, muchos de ellos con grandes casinos tribales en sus distritos, presionó a favor de la medida de juego, mientras que un grupo más pequeño de legisladores con salas de juego en sus distritos se opuso.
Esto siguió a una fallida iniciativa de apuestas deportivas de 2022 que las tribus gastaron millones de dólares para patrocinar y que incluía una disposición similar que habría permitido a las tribus demandar. Según la base de datos Digital Democracy, los intereses de juego opuestos donaron al menos 4,3 millones de dólares a los 120 miembros de la Legislatura desde enero de 2023. Ante lo que consideraban una amenaza existencial, las salas de juego respondieron a la introducción de la SB 549 con una masiva campaña de lobby.
En 2023, solo el Hawaiian Gardens Casino gastó 9,1 millones de dólares en lobby, la segunda cantidad más alta informada a los reguladores estatales. Solo el gigante petrolero internacional, Chevron Corp., gastó más. Luego, a pesar de perder la batalla por la SB 549, la industria de las salas de juego gastó más de 3 millones de dólares en el período previo a las elecciones de noviembre en represalia contra cuatro legisladores que desempeñaron papeles clave en la aprobación del proyecto de ley. Tres de los candidatos a los que apuntaban las salas de juego terminaron perdiendo, incluido el autor del proyecto de ley, el senador demócrata Josh Newman de Fullerton.
